EL TRABAJO EN EL SIGLO XXI: CALAMITOSO Y URGENTE
1 Criterio, 26/6/2018
Emilce Cuda
Filósofa y teóloga
“Debido a los desbordes verbales de los obispos....
[al señalar que] la huelga es una herramienta que propone la doctrina social de la Iglesia cuando se dan situaciones de injusticia social”,1 me sentí interpelada. ¡Ay de los teólogos que juzgamos desconociendo la calamitosa y urgente cuestión obrera! No pongamos una corona de espinas sobre la frente del trabajador. La opción preferencial del magisterio social en América Latina es por los pobres, no por la rentabilidad.
INACEPTABILIDAD DE LA HUELGA
La Rerum Novarum en 1891 dijo que era “urgente proveer de manera oportuna al bien de las gentes
de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable
y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos sin ningún apoyo
que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores.
Hizo aumentar el mal de la voraz usura que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios” (Rerum Novarum,1).
Pero en el siglo XX sí emergieron instituciones públicas bajo la forma de sindicatos y partidos políticos. Sin embargo, en el siglo XXI la situación vuelve a ser calamitosa y urgente: los trabajadores están desocupados y los sindicatos con sus respectivos partidos políticos, en retirada. No obstante, la interpretación de las causas de la injusticia que hace el magisterio es más acertada que entonces. Ve que el problema no está en la moral individual sino social –es decir, en la cultura como sistema de relaciones–. No por eso hay oposición entre Rerum Novarum y Laudato Si. Juzgar el presente desde encíclicas sociales anteriores es como poner vino nuevo en odres viejos.
En 1891 se pensaba que la causa de lo calamitoso y
urgente era la “inhumanidad de los empresarios y la
desenfrenada codicia de los competidores”. En 2015 no se responsabiliza moralmente a los empresarios sino
al “sistema de relaciones comerciales y de propiedad
estructuralmente perverso” (LS 52). Las calamidades
que en un principio se atribuían a decisiones personales
hoy se adjudican a relaciones impersonales entre
capital y trabajo, a las cuales el Documento de Aparecida denomina “cultura de la muerte” (185).
Para el magisterio del siglo XXI, la crisis no es sólo responsabilidad moral de unos pocos individuos, sino también consecuencia de un sistema de relaciones entre capital y trabajo que los envuelve a todos. Si se piensa en un sistema que produce víctimas a ambos lados de la frontera social, se puede dar un paso: pensar que la solución no está sólo en apelar a Cáritas, sino también a “la política como la forma más alta de caridad” –de Pío XI a Francisco– para transformar el actual sistema.
Conviene revisar el vínculo entre moral y política para evitar la criminalización, tanto de la protesta social, como de la empresa en su creación de valor en función del destino universal de los bienes.
Política es palabra pública, diálogo social, no juicio moral –en todo caso los principios morales serán su fundamento–. La palabra pública abarca al debate parlamentario tanto como los Convenios Colectivos
de Trabajo y sus respectivas paritarias.
Cuando los reclamos vitales de los sectores trabajadores no pueden articularse como palabra pública bajo las formas legales, aparece inevitablemente la protesta social bajo la forma de huelga y movilización como lenguaje simbólico y legítimo, porque según el Catecismo de la Iglesia (CI), “la huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable” (2435).
capital y trabajo, a las cuales el Documento de Aparecida denomina “cultura de la muerte” (185).
Para el magisterio del siglo XXI, la crisis no es sólo responsabilidad moral de unos pocos individuos, sino también consecuencia de un sistema de relaciones entre capital y trabajo que los envuelve a todos. Si se piensa en un sistema que produce víctimas a ambos lados de la frontera social, se puede dar un paso: pensar que la solución no está sólo en apelar a Cáritas, sino también a “la política como la forma más alta de caridad” –de Pío XI a Francisco– para transformar el actual sistema.
Conviene revisar el vínculo entre moral y política para evitar la criminalización, tanto de la protesta social, como de la empresa en su creación de valor en función del destino universal de los bienes.
Política es palabra pública, diálogo social, no juicio moral –en todo caso los principios morales serán su fundamento–. La palabra pública abarca al debate parlamentario tanto como los Convenios Colectivos
de Trabajo y sus respectivas paritarias.
Cuando los reclamos vitales de los sectores trabajadores no pueden articularse como palabra pública bajo las formas legales, aparece inevitablemente la protesta social bajo la forma de huelga y movilización como lenguaje simbólico y legítimo, porque según el Catecismo de la Iglesia (CI), “la huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable” (2435).
La política es demanda pública por necesidades, por un lado, y por otro, reconocimiento y satisfacción de
esa demanda desde el Estado. Hay justicia social cuando el reclamo de una necesidad se reconoce como derecho y no como crimen.
Los procesos de reorganización industriales con la finalidad de achicar el gasto público son administración, pero no política ni moral, ya que no atienden la demanda popular por necesidades vitales y, como dijo monseñor Jorge Lugones, actual presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, “no se
trata sólo de estar y hacer, sino también de sentir”.(Semana Social 2018 )
Los trabajadores –quienes en el siglo XIX devienen obreros asalariados–, hoy son “desechos y sobrantes”
(EG 53), y cuando el desempleo es estructural, y no coyuntural, la política llama a la calle y la reingeniería se llama a silencio. Porque si el dinero produce dinero, el trabajo ha llegado a su fin, como señaló en 1996
Jeremy Rifkin en El fin del trabajo, y con ello el Estado de derecho y sus principios liberales.
Esta situación “calamitosa y urgente” de injusticia social es signo de deslegitimización del estado de derecho en función de otro modelo de estado. Donde la demanda social no es reconocida, la huelga es la última herramienta de los trabajadores.
OBJETIVO DE LA HUELGA
La huelga “resulta moralmente inaceptable cuando... se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común” (CI 2435). Pero el concepto de “condiciones del trabajo” no se refiere estrictamente al salario y las condiciones del sector que reclama, sino a las condiciones del trabajo en general.
“La Quadragesimo anno confirma el principio de que el salario debe ser proporcionado no sólo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su familia” (CDSI 91), legitimando la huelga al conjunto de necesidades de todo el sector social de los trabajadores organizados por una vida digna, para sí mismos, para su familia y para todos los pobres, que –según la teología y la filosofía latinoamericanas– siempre son trabajadores aunque estén desempleados y, en consecuencia, no organizados.
Un pobre para sobrevivir hasta el día siguiente depende de su trabajo, por consiguiente, siempre es un trabajador.
Un sistema de relaciones entre capital y trabajo que elimine la fase trabajo, mata al trabajador y a su familia, y eso podrá ser legal pero no legítimo. Por eso toda huelga por necesidades está vinculada a las condiciones del trabajo, y por lo tanto es legítima.
Los procesos de reorganización industriales con la finalidad de achicar el gasto público son administración, pero no política ni moral, ya que no atienden la demanda popular por necesidades vitales y, como dijo monseñor Jorge Lugones, actual presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, “no se
trata sólo de estar y hacer, sino también de sentir”.(Semana Social 2018 )
Los trabajadores –quienes en el siglo XIX devienen obreros asalariados–, hoy son “desechos y sobrantes”
(EG 53), y cuando el desempleo es estructural, y no coyuntural, la política llama a la calle y la reingeniería se llama a silencio. Porque si el dinero produce dinero, el trabajo ha llegado a su fin, como señaló en 1996
Jeremy Rifkin en El fin del trabajo, y con ello el Estado de derecho y sus principios liberales.
Esta situación “calamitosa y urgente” de injusticia social es signo de deslegitimización del estado de derecho en función de otro modelo de estado. Donde la demanda social no es reconocida, la huelga es la última herramienta de los trabajadores.
OBJETIVO DE LA HUELGA
La huelga “resulta moralmente inaceptable cuando... se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común” (CI 2435). Pero el concepto de “condiciones del trabajo” no se refiere estrictamente al salario y las condiciones del sector que reclama, sino a las condiciones del trabajo en general.
“La Quadragesimo anno confirma el principio de que el salario debe ser proporcionado no sólo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su familia” (CDSI 91), legitimando la huelga al conjunto de necesidades de todo el sector social de los trabajadores organizados por una vida digna, para sí mismos, para su familia y para todos los pobres, que –según la teología y la filosofía latinoamericanas– siempre son trabajadores aunque estén desempleados y, en consecuencia, no organizados.
Un pobre para sobrevivir hasta el día siguiente depende de su trabajo, por consiguiente, siempre es un trabajador.
Un sistema de relaciones entre capital y trabajo que elimine la fase trabajo, mata al trabajador y a su familia, y eso podrá ser legal pero no legítimo. Por eso toda huelga por necesidades está vinculada a las condiciones del trabajo, y por lo tanto es legítima.
Entender al pobre como trabajador –aunque esté desocupado– abre un abanico de demandas
políticamente legítimas y moralmente aceptables que se extienden desde la comida, la educación pública y
gratuita para sus hijos, y la atención sanitaria para el
grupo familiar incluidos los adultos mayores, hasta el acceso a bienes culturales como internet, deporte,
arte, transporte público decente y accesible, centros
recreativos y vacacionales, vacunación gratuita completa
y libertad de expresión.
Si estas demandas no están garantizadas por el Estado no hay vida digna y, como Jesús vino para que todos tengan vida en abundancia (Jn, 10-10), entonces la misión de nuestros pastores en el mundo del trabajo está plenamente justificada en el evangelio.
En un sistema donde la retribución salarial apenas cubre necesidades mínimas vitales y móviles de los trabajadores, dejando fuera a gran parte de la población, el reclamo sindical va más allá de las condiciones inmediatas de trabajo y se constituye en reclamo universal por la vida digna de todos.
Si el Estado no reconoce la demanda habilitando negociaciones con fuerza de ley mediante Convenios Colectivos de Trabajo, entonces la huelga y la movilización son un paso inevitable.
Sostener lo contrario es quedarse en el pasado gremial preindustrial.
SINDICATOS Y PARTIDOS POLíTICOS
Dentro de las condiciones del trabajo está la democracia, para lo cual la huelga también puede ser una herra- mienta inevitable de la lucha política, como lo fue en la Argentina.
Por eso el sindicato es la base natural y legítima de la organización política partidaria del sector de los trabajadores para garantizar las condiciones del trabajo como parte del bien común.
Cualquier otro modo de organización política instituida sobre los trabajadores no es garantía de representatividad y pondrá en crisis la democracia.
Los nuevos estilos de agrupaciones políticas desde arriba –surgidos a la caída progresiva del modelo fábrica que posibilitaba la asociación sindical y partidaria de base– están demostrando no poder representar a los distintos sectores de la sociedad.
Que las necesidades de los pobres no están siendo satisfechas por las democracias actuales, es evidente.
Un partido político en defensa de las necesidades de los sectores trabajadores requiere que sus dirigentes se constituyan como tal en y entre la parte pobre del pueblo, al igual que sus intelectuales.
Para el magisterio la huelga es “una de las conquistas más costosas del movimiento sindical... con el fin de obtener, por medio de la presión así realizada sobre los patrones, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social” (CDSI 304, CI2430 a 2435, GS 68, LE 20).
El bien común es el “conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, [entonces] el bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral” (CDSI 164).
Siendo así, “la huelga es una herramienta que propone la doctrina social de la Iglesia cuando se dan situaciones de injusticia social” –tal como lo expresó Lugones– para que el bien común sea realidad efectiva de la moral evangélica.
Si estas demandas no están garantizadas por el Estado no hay vida digna y, como Jesús vino para que todos tengan vida en abundancia (Jn, 10-10), entonces la misión de nuestros pastores en el mundo del trabajo está plenamente justificada en el evangelio.
En un sistema donde la retribución salarial apenas cubre necesidades mínimas vitales y móviles de los trabajadores, dejando fuera a gran parte de la población, el reclamo sindical va más allá de las condiciones inmediatas de trabajo y se constituye en reclamo universal por la vida digna de todos.
Si el Estado no reconoce la demanda habilitando negociaciones con fuerza de ley mediante Convenios Colectivos de Trabajo, entonces la huelga y la movilización son un paso inevitable.
Sostener lo contrario es quedarse en el pasado gremial preindustrial.
SINDICATOS Y PARTIDOS POLíTICOS
Dentro de las condiciones del trabajo está la democracia, para lo cual la huelga también puede ser una herra- mienta inevitable de la lucha política, como lo fue en la Argentina.
Por eso el sindicato es la base natural y legítima de la organización política partidaria del sector de los trabajadores para garantizar las condiciones del trabajo como parte del bien común.
Cualquier otro modo de organización política instituida sobre los trabajadores no es garantía de representatividad y pondrá en crisis la democracia.
Los nuevos estilos de agrupaciones políticas desde arriba –surgidos a la caída progresiva del modelo fábrica que posibilitaba la asociación sindical y partidaria de base– están demostrando no poder representar a los distintos sectores de la sociedad.
Que las necesidades de los pobres no están siendo satisfechas por las democracias actuales, es evidente.
Un partido político en defensa de las necesidades de los sectores trabajadores requiere que sus dirigentes se constituyan como tal en y entre la parte pobre del pueblo, al igual que sus intelectuales.
Para el magisterio la huelga es “una de las conquistas más costosas del movimiento sindical... con el fin de obtener, por medio de la presión así realizada sobre los patrones, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social” (CDSI 304, CI2430 a 2435, GS 68, LE 20).
El bien común es el “conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, [entonces] el bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral” (CDSI 164).
Siendo así, “la huelga es una herramienta que propone la doctrina social de la Iglesia cuando se dan situaciones de injusticia social” –tal como lo expresó Lugones– para que el bien común sea realidad efectiva de la moral evangélica.
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